Notas principales

27 Abril, 2026

Síguenos en:

Notas principales

Convergencias y divergencias. “A mano alzada”, modalidad de la nueva participación ciudadana en el CDMX. Por: Ariscófanes

13 Ago 2019

404 veces

Intentos de renovar, de elegir o de reorganizar los comités vecinales hubo muchos, como también en el legislativo local se intentó en varias ocasiones reformar la Ley de Participación Ciudadana, pero cuestiones políticas, o mejor dicho intereses partidistas

Los atletas potosinos y potosinas son ejemplo de talento y entrega: JM Carreras

13 Ago 2019

354 veces

Al entregar reconocimientos a los atletas potosinos y potosinas ganadoras en las Olimpiadas Nacional y Nacional Juvenil, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, destacó que las y los deportistas que representan a San Luis Potosí, son ejemplo de talento y entrega.

Convoca Quirino a escuelas a ampliar inscripciones; se darán 22 mil lugares más

13 Ago 2019

285 veces

En el Salón de Gobernadores, el mandatario estatal dio a conocer este acuerdo ante los medios de comunicación, acompañado por el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera y los representantes de las demás universidades e institutos de educación superior y de bachillerato.

Desde San Lázaro. Panamericanos, exhibe la vileza e ilegalidad. Por: Alejo Sánchez Cano

13 Ago 2019

396 veces

Así es la condición humana de los políticos sin escrúpulos que en cualquier oportunidad que les permita sacar raja política, saltan a la palestra sin importar que quede al descubierto la vileza.

Entregan en Sonora primera vivienda del Programa Nacional de Mejoramiento Urbano

12 Ago 2019

242 veces

En gira de trabajo por San Luis Río Colorado, la mandataria estatal presidió la inauguración de obras de pavimentación y entregó unidades nuevas del transporte escolar, además de ser testigo de la firma del convenio de adhesión Conavi-Beneficiados, del PMU para más de 350 familias.

Se tenía que decir… ¿Pedir perdón a los zetas? Por: Santiago Cárdenas.

12 Ago 2019

384 veces

Al presidente Andrés Manuel López Obrador, obsesionado en cómo pasará a la historia, lo rodea una comparsa que ya está aprendiendo a acomodar los hechos de la manera más conveniente para el lopezobradorismo.

Como veo, doy. Reducción a prerrogativas partidistas, el debate que viene. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

12 Ago 2019

334 veces

En caso de que prospere la reforma propuesta por Morena es como si esta nueva mayoría se metiera a un túnel del tiempo para de nuevo encontrarse con un sistema dominado por el partido hegemónico al cual sustituyeron en el poder

Desde San Lázaro. Extinción de dominio expuesta a caprichos del MP. Por: Alejo Sánchez Cano

12 Ago 2019

303 veces

Diversos sectores de la sociedad y en el ámbito político se pronunciaron en contra, a grado tal de solicitar a la Suprema Corte de la Nación su intervención a fin de dejar sin efecto los alcances legales del ordenamiento.

Libros de texto gratuito, el gran aporte del Estado mexicano a la niñez: JM Carreras

09 Ago 2019

340 veces

El Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, con la presencia del Director General de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), Miguel Antonio Meza Estrada, señaló que este programa es el gran aporte del Estado mexicano para la niñez,

Sinaloa, primer lugar en crecimiento económico en el país en el primer trimestre del 2019

09 Ago 2019

244 veces

Denota como Sinaloa viene apuntalando el crecimiento que ya se venía dando desde al año pasado, en esta gestión del Gobernador Quirino Ordaz Coppel ha habido una inversión muy importante en sectores estratégicos

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.