Notas principales

27 Abril, 2026

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Notas principales

Mazatlán contará con el mejor complejo acuático del noroeste

08 Feb 2019

331 veces

Ordaz Coppel y su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz, fueron recibidos en esta Unidad Deportiva por el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, junto con su esposa, Gabriela Peña

Se apoya con microcréditos a los mexiquenses que deseen iniciar un negocio o hacer crecer su proyecto productivo

08 Feb 2019

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El mandatario estatal explicó que quienes reciben estos microcréditos que se otorgan a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), lo pagarán con una tasa de interés del uno por ciento mensual

CNTE acuerda liberar todas las vías del tren en Michoacán

08 Feb 2019

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La CNTE informó que continuarán sus manifestaciones, pero fuera de las vías del tren. Los últimos tramos bloqueados son los de Pátzcuaro y Uruapan.

Desde San Lázaro. Con todo vs los huachicoleros. Por: Alejo Sánchez Cano

08 Feb 2019

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Buena parte del territorio nacional, parece una zona minada, por los ductos y tuberías que están enterrados, incluso en las grandes ciudades

Patrimonio de Leonora Carrington es resplandor artístico de SLP: JM Carreras

07 Feb 2019

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El mandatario indicó que la construcción del inmueble ha contribuido para que nuestro Estado se coloque como uno de los espacios más importantes a nivel nacional, en cuanto a infraestructura cultural.

Como veo doy. Contrarreforma educativa, iniciativa de ley a modo para la CNTE. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

07 Feb 2019

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La primera de ellas tuvo un tufo de manipulación, de presión, de rechazo a quienes se atrevan a defender, si no toda, algo de la reforma que en la materia se logró en 2013.

Desde San Lázaro. Audiencias de pacotilla en San Lázaro. Por: Alejo Sánchez Cano

07 Feb 2019

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Entre algunos aspectos de la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo federal ante el Congreso de la Unión, destaca la propuesta de desaparecer al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INNE)

Desde San Lázaro. Brasil sube, México cae. Por: Alejo Sánchez Cano

06 Feb 2019

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El Fondo Monetario Internacional pronostica que Brasil va a crecer más que México en, por lo menos, .04%. El país sudamericano se expandirá en 2.5%; mientras que acá, será de 2.1%.

Mandatario estatal participa en ceremonia del 102 aniversario de la Constitución de 1917

05 Feb 2019

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Carreras López, destacó después del evento que, desde el inicio de su administración, en San Luis Potosí se implementaron medidas para combatir la corrupción a través de esquemas de gobierno abierto

Otorgan cerca de 6 mil servicios, con Jornadas de Apoyo "Puro Sinaloa" en Guasave

05 Feb 2019

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El mandatario estatal, quien estuvo acompañado de su esposa Rosy Fuente y de la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, reconoció la importancia de sacar de las frías oficinas a los servidores públicos

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.