Notas principales

27 Abril, 2026

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Notas principales

La Constitución está muy 'parchada' y no debe descartarse una nueva: AMLO

05 Feb 2019

318 veces

Los que son maestros en el tema hablan de que ya son demasiadas las reformas, entre 700 y 900 reformas, no sé el dato exacto. Está muy parchada la Constitución, muy remendada

Aureoles ordena pagar adeudos a profesores de Michoacán

05 Feb 2019

343 veces

Además, informó que enviará una iniciativa al Congreso del Estado con la finalidad de reasignar los recursos económicos que se destinan al sector educativo

Como veo, doy. Modificada, reformada. Hay que respetar nuestra Constitución. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

05 Feb 2019

361 veces

A más de un siglo de la redacción de nuestro texto constitucional, sigue el debate público sobre su vigencia, su actualización, su adecuación a la realidad o la construcción de una nueva.

Desde San Lázaro. Feminicidios, realidad que duele. Por: Alejo Sánchez Cano

05 Feb 2019

355 veces

Lo anterior viene a colación porque en estos días la Cámara de Diputados se analiza y debate una minuta que contiene una iniciativa que pretende reformar el artículo 19 constitucional que entre otros objetivos plantea tipificar como delito grave el feminicidio

Como veo, doy. Mujeres viven con miedo en la CDMX. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

04 Feb 2019

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Este fin de semana miles de mujeres salieron a las calles de la Ciudad de México para manifestarse contra ese miedo que las acompaña al salir de sus casas

Guillermo Padrés sale del Reclusorio Oriente; seguirá proceso en libertad condicional

03 Feb 2019

392 veces

Alrededor de las 21:00 horas de este sábado, Padrés salió de las instalaciones del reclusorio con un brazalete localizador en una de sus piernas.

El Edoméx promueve acercamiento con municipios para fortalecer eficiencia y calidad en servicios hídricos

01 Feb 2019

321 veces

Destacó que para el Gobierno del Estado de México, la adecuada gestión hídrica debe poner especial cuidado en la eficiencia de la red de agua potable y también en generar mayores recursos y aprovechar los existentes.

Gobierno del Estado trabaja en coordinación para fortalecer el desarrollo en el altiplano: JM Carreras

01 Feb 2019

335 veces

Posteriormente, cortó el listón inaugural de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Manuel Muro entre Benito Juárez y Miguel Barragán, en la que se aplicaron 5 millones 988 mil pesos

Mazatlán contará con el mejor acuario de América Latina

01 Feb 2019

356 veces

Ordaz Coppel reconoció que construir un acuario de esta magnitud es pensar en grande, pues tendrá una superficie de construcción de 12 mil metros cuadrados en dos niveles de exhibición de especies marinas y aviarias

Asiste Gobernadora Pavlovich a visita oficial del Presidente de España a México

01 Feb 2019

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La gobernadora Claudia Pavlovich destacó la relevancia de participar en este evento, así como el hecho de que España es el tercer país con más inversiones en el Estado.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.