Notas principales

27 Abril, 2026

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Alfredo Del Mazo entrega apoyos forestales y anuncia que se destinarán 110 MDP al cuidado de los bosques

28 Ene 2019

316 veces

Destacó también que la entidad es la única a nivel nacional que cada año incrementa su masa forestal, resultado de los programas de apoyo para quienes cuidan los bosques y por el trabajo en materia de prevención y combate de incendios.

Inaugura Gobernadora Centro de Convenciones de Álamos

28 Ene 2019

306 veces

“Me siento muy contenta de haberles cumplido, ésta es una inversión de 78 millones de pesos, pero además como Álamos lo merece, de acuerdo a su arquitectura, no rompiendo con lo que es Álamos, un lugar cultural histórico y es totalmente armónico arquitectónicamente”

Muy positiva la visita del presidente a Sinaloa: Quirino

28 Ene 2019

320 veces

Ordaz Coppel informó que abordó diversos temas con el presidente, entre ellos, el deporte, la infraestructura hidráulica, carreteras, apoyos sociales, turismo, y uno en especial fue el subsidio de energía eléctrica para los hogares

Como veo, doy. Radicalización de la CNTE, prueba de fuego del gobierno federal. Por: Jorge Luis Galicia Palacios.

28 Ene 2019

395 veces

Aquí el tema es que lo que hoy afecta a Michoacán, sus impactos empiezan a sentirse en otras latitudes de la república, y las inconformidades por las molestias causadas por los paristas también van en crecimiento

Desde San Lázaro. Nuevos partidos políticos al paredón. Por: Alejo Sánchez Cano

28 Ene 2019

356 veces

Vayamos por partes: como es público, Margarita Zavala con su esposo Felipe Calderón solicitaron a la autoridad electoral el registro para que su asociación civil denominada México Libre consiguiera, en primer instancia, cumplir con todos los requisitos

Como veo, doy. Silvano en Michoacán, no ata ni desata. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

25 Ene 2019

459 veces

El gobernante anda en un viaje de promoción turística por tierras de la Unión Europea, específicamente en España, donde se celebra la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

Desde San Lázaro. El Senado ante reto histórico. Por: Alejo Sánchez Cano

25 Ene 2019

351 veces

Con la Guardia Nacional aumentaría el riesgo de vulnerar derechos humanos; no garantizaría terminar con la impunidad; debilitaría la institucionalidad civil y democrática

Alfredo Del Mazo entrega certificados a Directores Responsables de Obra; evaluarán y supervisarán las condiciones de seguridad de las construcciones

24 Ene 2019

372 veces

Alfredo Del Mazo indicó que esta acción es resultado del compromiso que tiene el Gobierno del Estado de México para que las familias mexiquenses cuenten con protección en su patrimonio y para que las ciudades y comunidades ofrezcan seguridad integral a sus habitantes

Sinaloa, presente en la Feria Internacional de Turismo en España

24 Ene 2019

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Quirino Ordaz Coppel acompañó al secretario de Turismo, Miguel Torruco, a cortar el cordón inaugural del pabellón de México, donde Sinaloa se hizo presente con la promoción de sus ofertas turísticas y una muestra gastronómica

'Nos dejaron un cochinero': López Obrador en Puebla sobre robo de combustible

24 Ene 2019

356 veces

“Vamos a ahorrar mucho dinero del presupuesto y ese dinero se va a destinar al bienestar del pueblo para obtener ingresos, beneficios, mejores condiciones de vida y de trabajo”.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.