Notas principales

27 Abril, 2026

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Notas principales

México no firma la declaratoria que insta a Maduro a entregar el poder en Venezuela

04 Ene 2019

455 veces

Se trata de una declaración conjunta firmada por los representantes del Grupo de Lima que se reunió para tratar el tema de Venezuela y con la intención de 'adoptar medidas'

Diputados investigan accidente en el que murieron El Senador Moreno Valle y la Gobernadora Alonso Hidalgo.

04 Ene 2019

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En nombre de los legisladores del PRI, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín dijo que no se trata de quienes perdieron la vida, sino de nuestra obligación como parte del Gobierno, desde el Legislativo, “para exigir que tengamos acceso completo y absoluto a las tareas de investigación y podamos desde el Legislativo darles puntual seguimiento”.

AMLO convoca a 50 mil civiles para integrarse a la Guardia Nacional

02 Ene 2019

434 veces

Indicó que quienes ingresen contarán con salario digno, profesionalización y capacitación y seguridad médica para él o ella y sus familias.

El SNTE cierra el año cumpliendo a sus agremiados

30 Dic 2018

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Ante la intervención de los órganos nacionales de gobierno del SNTE y la buena disposición de la Secretaría Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, esta última liberó mil 300 millones de pesos para pagar adeudos a los trabajadores de la educación de Baja California, correspondientes a quincenas y aguinaldo de activos y jubilados..

Aporta Congreso al Gobierno del Estado recursos para iniciar acciones de vivienda en beneficio de afectados por fenómenos meteorológicos

28 Dic 2018

536 veces

En su intervención a nombre del Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, el Secretario de Desarrollo Sustentable, Carlos Gandarilla, informó que será la recién creada Comisión de Vivienda, que sustituye al INVIES, la que llevará, en total transparencia y legalidad, el proceso de construcción y asignación.

Con la profesionalización policíaca ganamos todos y todas: JM Carreras

28 Dic 2018

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Al presidir esta ceremonia, Carreras López entregó certificados a 109 elementos que se suman a la Fuerza Metropolitana Estatal, que al inicio de sus operaciones contaba con 500 efectivos, actualmente esta instancia cuenta con 800 elementos debidamente capacitados

Como veo, doy. Algunos gobernadores se roban o jinetean la lana del magisterio. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

27 Dic 2018

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Algunos gobernadores manifestaron su intensión de dejar que sea el poder ejecutivo federal quien brinde los servicios educativos, ello en el marco del debate que en la cámara de diputados federal se dio en torno a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación

Desde San Lázaro. Aeroméxico cava su tumba. Por: Alejo Sánchez Cano

27 Dic 2018

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En un mercado que se vuelve cada vez más competitivo, la línea aérea insigne de México, aquella que en otros tiempos era la más puntual, enfrenta serios problemas de operación por la ineficiencia operativa, logística y administrativa con la que opera cotidianamente

Primeros reportes apuntan a falla en accidente aéreo de Martha Erika y Moreno Valle: Gobierno de AMLO

25 Dic 2018

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“Cuando la aeronave estaba en vuelo sufre una aparente falla aún sin especificar lo que ocasionó que se precipitara”, dijo Durazo en conferencia de prensa

Desde San Lázaro. Tercer país seguro. ¿No qué no? Por: Alejo Sánchez Cano.

21 Dic 2018

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El esquema de Tercer País Seguro conlleva grandes riesgos en materia de seguridad interior, empleo y desarrollo económico por lo que no es de extrañarse que vendrá un extrañamiento a la cancillería por haber aceptado dar asilo a migrantes

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.