Notas principales

27 Abril, 2026

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Notas principales

Define el SNTE nueva ruta de transformación

09 Dic 2018

394 veces

En la sesión se presentó a los secretarios generales la Toma de Nota que el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje otorgó al SNTE, por los acuerdos alcanzados durante la 47 Sesión Extraordinaria de su Consejo Nacional, efectuada el pasado 22 de noviembre

Se reúne Quirino con el presidente Andrés Manuel López Obrador

07 Dic 2018

438 veces

El gobernador Quirino Ordaz también le comentó al presidente López Obrador el ambicioso proyecto de ampliación del dragado del puerto de Mazatlán, así como la remodelación del mismo, que ha quedado pendiente

Como veo, doy. Reconstrucción, un pendiente en la CDMX. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

07 Dic 2018

393 veces

Ojalá, porque para nadie es desconocido que a más de una año de distancia el tema de la reconstrucción en la Ciudad de México es un expediente abierto que requiere ser atendido con urgencia por las nuevas autoridades del gobierno capitalino

Desde San Lázaro. Que paguen los adeptos a la 4T. Por: Alejo Sánchez Cano

07 Dic 2018

342 veces

La cancelación de nuevo aeropuerto de Texcoco trajo consigo desprestigio, costos políticos, despidos, demandas en tribunales extranjeros, mella en la confianza del país, devaluación y caída de la bolsa de valores, todo ello, debido a que el presidente López Obrador

Designa Quirino a Cristóbal Castañeda como nuevo Secretario de Seguridad Pública

06 Dic 2018

409 veces

Quirino Ordaz indicó que ese trabajo tendrá que ir muy acorde al nuevo esquema de la Guardia Nacional, y que requerirá mayor y efectiva coordinación para seguir en la ruta de brindar tranquilidad.

JM Carreras cumple compromisos en Cedral

06 Dic 2018

532 veces

Juan Manuel Carreras, agradeció a los habitantes de Cedral, por tanto refrendó su compromiso para continuar con el impulso de acciones que van en beneficio de las familias potosinas.

Para definir apoyos al campo, diputados se reunirán con titular de SADER.

06 Dic 2018

359 veces

El presidente de la Comisión explicó que el objetivo es alinear las propuestas de los legisladores, con lo que envíe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para fortalecer integralmente al agro.

SNTE legal y legítimo con apego a la ley, les entregaron Toma de Nota por unanimidad

06 Dic 2018

384 veces

Luego de recibir el documento, de parte de la apoderada legal, el maestro Cepeda Salas reiteró su compromiso de mantener vigentes las causas que dieron origen al SNTE.

Como veo, doy. Sheinbaum y Alfaro, presidenciables ¿Quién Más? Por: Jorge Luis Galicia Palacios

06 Dic 2018

380 veces

Con las tomas de protesta como Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco Enrique Alfaro y de Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aunque suene prematuro, sus nombres empiezan a sonar entre la opinión pública

Desde San Lázaro. Gesto positivo de AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano

06 Dic 2018

372 veces

También habla de que el presidente, contrario a lo que se piensa y a lo que ha mostrado, no se obstina en acciones de poder de su gobierno, al contrario, dio muestra cabal de respetar el marco constitucional que le da plena autonomía a los Estados

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.