Notas principales

27 Abril, 2026

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Notas principales

San Luis Potosí se abre la puerta a exportación de ganado a EU

20 Dic 2018

635 veces

El gobernador Juan Manuel Carreras López anunció que 37 municipios del estado recibieron el estatus sanitario “acreditado preparatorio contra la tuberculosis bovina”

Como veo, doy. La “tía Tatis”, a un paso de la expulsión de Morena. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

20 Dic 2018

554 veces

Aunque al momento de esa decisión señaló que no había distanciamiento con AMLO, si dejó entrever que había quienes se frotarían las manos en esa posible “ruptura” y en una declaración a medios adelantó que seguiría empujando en lo individual y “desde el grupo de Morena”

Desde San Lázaro. La codiciada mayoría calificada. Por: Alejo Sánchez Cano

20 Dic 2018

436 veces

En la cámara de diputados, sus integrantes aprobaron el Paquete Fiscal con 295 votos a favor y 179 en contra, lo que significa que el grupo parlamentario de Morena y sus aliados tendrán que hacen un trabajo fino en lo político

Sinaloa está caminando en la ruta del progreso: Quirino

19 Dic 2018

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Los ocho galardonados como Sinaloenses Ejemplares en el Mundo, son los mejores embajadores que dan constancia de que Sinaloa está caminando en la ruta del progreso, afirmó el gobernador Quirino Ordaz Coppel al entregar este reconocimiento en su décimo primera edición.

Como veo, doy. 179 Votos, suficientes para detener proyectos de reformas constitucionales. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

19 Dic 2018

442 veces

Esta semana, en la cámara de diputados, sus integrantes aprobaron el paquete fiscal en lo general, con 295 votos a favor y 179 en contra, lo que significa que el grupo parlamentario de Morena y sus aliados tendrán que hacen un trabajo fino

Desde San Lázaro. Reprobados los aspirantes a la Corte. Por: Alejo Sánchez Cano.

19 Dic 2018

440 veces

De hecho, no solo ella está descalificada para llegar a esa estratégica posición en la Corte, sino los otros dos candidatos propuestos por el presidente de la República, también cuentan con un perfil parcial hacia los intereses del nuevo gobierno.

Beneficia Quirino a 12 mil estudiantes de Cobaes con equipamiento en planteles

18 Dic 2018

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Quirino Ordaz Coppel encabezó esta mañana el acto de entrega de 400 equipos de aires acondicionados y sus respectivas instalaciones eléctricas en 31 planteles de Cobaes

Logra SLP cifra récord de más de 70 mil empleos en lo que va de la administración: JM Carreras

18 Dic 2018

564 veces

El Gobernador Juan Manuel Carreras adjudicó el crecimiento y consolidación en las cifras, al apoyo decidido del sector empresarial, la paz laboral existente en el Estado y un impulso sostenido, pues el trabajo ha sido prioritario en la agenda política y social del estado.

Como veo, doy. Golpea a la UNAM recorte presupuestal a universidades. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

18 Dic 2018

505 veces

Por supuesto que cualquier propuesta de aumentar los centros escolares de capacitación son bienvenidas en cualquier sociedad, la inquietud que surge en la UNAM es por qué primero no buscar que la máxima casa de estudios tenga un mayor presupuesto

Desde San Lázaro. Bloque opositor en el Congreso. Por: Alejo Sánchez Cano

18 Dic 2018

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Marko Cortés, líder del PAN ha insistido en la construcción de ese bloque en el Senado y en la Cámara de diputados que sirva de dique ante cualquier intención del gobierno federal que encabeza López Obrador de violentar la Constitución y a las instituciones

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.