Notas principales

27 Abril, 2026

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Notas principales

Como veo, doy. Asesinatos, despidos, acoso, bajos salarios. Cruda realidad del periodismo mexicano. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

19 Nov 2018

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Y mientras la división sigue entre comunicadores, lo cierto es que en el país siguen sucediendo asesinatos y otras violaciones a los derechos humanos de los periodistas.

Desde San Lázaro. Pacto con criminales, ominoso para el país. Por: Alejo Sánchez Cano

16 Nov 2018

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El próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo señaló que se debe considerar y debatir la necesidad de emprender un proceso de pacificación con organizaciones delictivas, a lo que las mismas víctimas

Entrega Quirino su Segundo Informe al Congreso del Estado

15 Nov 2018

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Ordaz Coppel refirió que ahora se vive un extraordinario momento de pluralidad política y social, donde el reto es transitar de la diversidad política a los acuerdos. Por eso mencionó que se ha reunido con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y con buena parte de su futuro gabinete

Desde San Lázaro. Amenazas a la ceremonia de transmisión de poder. Por: Alejo Sánchez Cano

15 Nov 2018

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Luego de que los diputados de Acción Nacional tomaran la tribuna del palacio legislativo de San Lázaro, el pasado martes, con una pancarta en la que se leía: “No a la Dictadura Obradorista” y una foto de Obrador sobrepuesta en la figura del dictador venezolano Hugo Chávez

Abren a la circulación un carril del malecón de Mazatlán

14 Nov 2018

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Acompañado por empresarios hoteleros, comerciantes y turistas, el gobernador Quirino Ordaz Coppel abrió a la circulación vial uno de los dos carriles del remodelado malecón de Mazatlán

Gobernador JM Carreras entrega obras de infraestructura educativa y urbana en Matlapa con una inversión de 20 mdp

14 Nov 2018

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El mandatario, manifestó que por primera vez egresará la primera generación de estudiantes de nivel superior –de la Universidad Intercultural-, que sentará un gran precedente en la historia de esta región de la Huasteca potosina

Los 8 ejes del Plan Nacional de Paz y Seguridad de AMLO

14 Nov 2018

577 veces

Dicho plan pretende lograr que "las familias de México recuperen la tranquilidad y confianza en las instituciones" y la prioridad "será garantizar la paz y mejorar la vida de cada uno de los mexicanos"

Desde San Lázaro. Arman el frankenstein, en el legislativo. Por: Alejo Sánchez Cano

14 Nov 2018

409 veces

Son múltiples los alcances del dictamen y tiene demasiadas aristas que merecen por parte de los legisladores un análisis mucho más profundo

Desde San Lázaro. Moctezuma, Ebrard y Romo. Por: Alejo Sánchez Cano

13 Nov 2018

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El caso no tendría relevancia si se habla de otros políticos en desuso o, incluso funcionarios en la actual administración, como Miguel Ángel Osorio Chong o Luis Videgaray

Anuncia gobernador nueva estación de bomberos en la zona poniente

12 Nov 2018

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El Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, anunció el fortalecimiento de la infraestructura de esta institución con la construcción de una nueva sede

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.