- La autonomía del Banco de México indispensable para el Estado.
- Normalidad democrática vs la ilegalidad de la transformación y restauración autoritaria.
“Una democracia sin adjetivos es lo que necesitamos para llegar al siglo XXI como personas responsables de nuestra propia historia, no como objetos decorativos de la biografía presidencial en turno”
Enrique Krauze, en su libro “Tarea Política”.
A más de un mes de la tragedia de la línea de transporte el metro no hay detenidos ni renunciados, ni investigados, a pesar de omisiones por acción. Esto evidencia la inmoralidad política y la violación a la ley, como signo del mal gobierno contra su propio discurso moralino.
La democracia como sistema de vida exige que todos los días se vayan conformado y consolidando sus instituciones, entre otras el sistema de libertades y ejercicio pleno de derechos civiles y políticos. La garantía de la libertad de prensa y su difusión masiva como privada; La publicación de las ideas, sin su persecución e intimidación de ningún tipo de parte del gobernante en turno; La limitación y la temporalidad en la ocupación del poder político con la existencia de contrapesos ante los poderes fácticos y políticos; La existencia y vigencia de la ley y el derecho como norma de comportamiento tanto de la sociedad y de quienes ocupan el poder político; La garantía de la protección de las minorías políticas raciales, de creencias religiosas; La protección de bienes jurídicos tutelados por el Estado contra el abuso y uso del poder; La garantía del cumplimento de los derechos sociales y educativos existentes; La existencia del Mercado, como centro de intercambio de bienes y servicios; La protección a la propiedad privada y a la vida privada de las personas; La obligación plena del pago de impuestos y sus distribución equitativa; La formación de instituciones que eviten la instauración de gérmenes autoritarios que vayan en contra de la sociedad democrática; La construcción cotidiana de ciudadanía y de ciudadanas y ciudadanos, la vieja aspiración por la democracia; La circulación constante por la vía electoral de la élites políticas en la ocupación del poder; La formación de las condiciones sociales para la cimentación de clases medias y la existencia de rutas de movilidad social por vía de la educación y del esfuerzo; La construcción e impulso a la economía social y sus formas de agrupación para el trabajo y la producción; La formación de instituciones de ayuda a las personas en todos sus tramos de la vida contra las amenazas más evidentes, como el crimen, las adicciones, las enfermedades, la vejez, la orfandad, la ruina económica, la enfermedad, el hambre; La producción de la riqueza y que esta pueda ser creada y distribuida como efecto del trabajo social y de su división y no como efecto de dogmas o creencias ideológicas, que la historia contemporánea ha sido es elocuente al demostrar su fracaso como lecciones recibidas cuando se ha querido forzar a la sociedad hacia un destino de locura, produciendo brutales y criminales regímenes dictatoriales. Sí, para que la democracia política exista debe mantenerse el sistema de libertades y derechos sociales. Es decir, se debe consolidar como obligación política, cotidianamente, la gobernabilidad democrática, con la participación de las minorías políticas.
En nuestro país este proceso de democratización se impactó con la llegada del año de 1988, cuyo efecto propició la necesidad de reformar el sistema político y el sistema económico. El impacto fue sin duda la modificación del marco jurídico de Instituciones para el funcionamiento y protección de la economía nacional como el del Banco de México, el banco central, como institución autónoma para que evitara la recurrencia de crisis económicas provocadas por tomar decisiones fundadas en la ignorancia y capricho del gobernante en turno. Así fue, que un asunto de naturaleza económica paso a ser un asunto de trascendencia política, que iba más allá del gobierno del momento. Esta decisión estuvo precedida por las crisis macroeconómicas recientes, que fueron mal manejadas y de los procesos inflacionarios de locura y descontrolados en nuestro sistema de producción, que vulneraban y lesionaban a las clases media, a los pobres y a la clase trabajadora que provocan la pobreza y agudizan las tensiones sociales. Se produjo lo que el Banco de México afirma “cuando el banco central está sujeto a directrices de los gobiernos de turno y no se cuentan con los límites y objetivos claros y verificables, lo que ha derivado en episodios de crisis muy costosas para la sociedad y de experiencias traumáticas”.
Como medida políticamente inteligente en el año de 1994 fue cuando se otorgó autonomía al Banco de México, siendo sus objetivos centrales el control de la política monetaria, el control de la inflación para mantenerla baja, la estabilidad de los precios y que la economía no estuviera sujeta a las “necesidades fiscales de los políticos y de sus intereses y con ello evitar crisis macroeconómicas. La institucionalización persiguió evitar el abuso del financiamiento del Banco Central al gobierno federal. Con ello se estableció que la junta de gobierno del banco fuera autónoma. Se persiguió que no se expandiera el crédito para financiar el déficit fiscal.”
La autonomía del banco de México, permitió en estas últimas dos décadas no construir una economía ficticia. Con ello se buscó que el desarrollo del sistema financiero y el sistema de pagos no estuvieran contaminados por decisiones irracionales. Desde esa época el Banco de México comenzó a instaurar la política de transparencia y de rendición de cuentas. Como efecto de esta autonomía la inflación descendido; Se propició la construcción de expectativas de mediano plazo para la inversión de capital privado y público. En suma, el Banco de México, dentro del proceso de instauración y construcción de la democracia mexicana ha servido para otorgar certidumbre a la economía y establecer las bases del desarrollo económico. Ha permitido mantener la estabilidad económica, que miles de mexicanos hemos sufrido y comparado con las crisis de las décadas que vivimos en la década de los 80 y 90s.
Pero hoy el “presidente” de turno quiere meterse también en nuestro bolsillo. Seguido de sus intentos moralistas de imponer “la economía moral” (¿que es eso?) Cuando la economía, ni es moral, ni es ficticia, es solo economía. Su intención, al apoderase del banco central, es establecer la emisión de moneda como acto de voluntad para regalar, papel moneda, cuyo valor es su peso en el aire. Su pobreza en conocimiento en materia económica, es una interpretación reduccionista para establecer la economía planificada contra la economía de mercado en la sociedad democrática. Pretenden aniquilar a la clase media y hacer más pobres a los pobres y marginados para establecer y mantener perversamente a sus clientelas políticas. Sin duda será en la Cámara de Diputados, en el Congreso Mexicano, donde se habrá de dar esa batalla por la Autonomía del Banco de México y la legalidad para su funcionamiento. Que, entre otras cosas, se traduce para impedir que la economía la dirija un solo individuo que es ignorante y con ello pueda provocar una crisis macroeconómica de dimensiones colosales.
La gobernabilidad democrática con sus imperfecciones representa mantener la sensatez y el sentido común frente al abuso del poder y el doble lenguaje. Baste reconocer, que la inflación aguda y prolongada es una forma de expropiación de capital que perjudica la población y degrada la creación del capital mucho más que adquiere nuevas dimensiones y que se basa en el conocimiento. Por eso mantener la autonomía del Banco de México es una prioridad para el Estado y la normalidad democrática, contra la transformación y restauración autoritaria. Ojalá los diputados de oposición surgidos el seis de junio que integran la nueva minoría legislativa, estén a la altura de este desafío institucional y no se dejen “transformar por la cooptación económica gubernamental”.
Por cierto, parte el intento de asalto al banco de México, cual pirata depredador pretendiendo colocar al que fue apenas hace unos días Secretario de Hacienda quien no cumple el requisito de cinco años de ocupar cargos en el sistema financiero mexicano y que de ser impuesto autoritariamente es de plena nulidad su nombramiento y peligrosamente estaría siendo el enlace entre al banco y la administración pública federal como una de tantas funciones que este cargo tiene. El requisito de cinco años no es un capricho contenido en la norma jurídica, es para comprender que quien aspire a este cargo conoce la historia financiera económica reciente del país, entre otras cosas. No es una ocurrencia “jurídica”, ojalá no pase ese nombramiento fundado en el abuso del poder. Se debe proceder a la transparencia y que se propongan nombres y si no lo hace el inquilino de palacio que lo haga el bloque opositor, pudiendo realizar las consultas necesarias, existen trayectorias profesionales autónomas. En este tema se necesita democracia y transparencia.
