Notas principales

24 Abril, 2026

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Notas principales

Orbi 21. Las implicaciones del 9/11 continúan vigentes. Por: Cristina Cardeño Gama

13 Sep 2021

289 veces

Es preciso mencionar que no se deben mezclar las atrocidades cometidas por el gobierno y sistema estadounidense en el mundo, con lo que miles de personas en EEUU sufrieron a causa de los atentados de hace 20 años

Como veo, doy. Que regrese el FONDEN, clamor entre damnificados. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

13 Sep 2021

272 veces

Lluvias, sequías, granizadas, huracanes, desgajamiento de cerros, desborde de ríos, presas reventadas o rebasadas, sismos o temblores, son parte los fenómenos naturales que en más de una ocasión fueron atendidos de inmediato con recursos del Fonden

Desde San Lázaro. Una narrativa desde la mentira. Por: Alejo Sánchez Cano

13 Sep 2021

208 veces

Todas las mañanas coloca un tabique más a esa estructura de falacias que ante el menor asomo de los datos duros o de la cruda realidad se tambalea peligrosamente

Llama SNTE a unir esfuerzos para subsanar necesidades en escuelas

10 Sep 2021

223 veces

Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, explicó que, durante la Jornada Nacional en Apoyo al Regreso Seguro a las Escuelas, los representantes del Sindicato en todo el país tienen contacto directo con las autoridades correspondientes

Informa Alfredo Del Mazo que más de 37 mil mexiquenses han recibido sus títulos de propiedad y posesión

10 Sep 2021

225 veces

Durante la entrega de títulos de propiedad y posesión para familias de la región de Zumpango, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza informó que más de 37 mil mexiquenses ya cuentan con certeza jurídica sobre su patrimonio

Se tenía que decir… ¿Quién responderá por los muertos de tula? Por: Santiago Cárdenas.

10 Sep 2021

273 veces

El IMSS no tomó las más elementales medidas para que los pacientes no fallecieran por la falta de oxígeno provocada por fallas en el suministro de energía eléctrica por la inundación del río Tula

Desde San Lázaro. Fonden-Bienestar. Por: Alejo Sánchez Cano

10 Sep 2021

264 veces

Si el presidente quiere entregar el dinero directamente a los damnificados, que lo haga. El problema es que no hay recursos etiquetados del presupuesto para tal propósito

GEM vigila el ejercicio de los recursos de la alerta de violencia de género

09 Sep 2021

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La seguridad y la libertad de niñas, adolescentes y mujeres es una prioridad para la actual administración, encabezada por el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza

Desde San Lázaro. Restituir al Fonden. Por: Alejo Sánchez Cano.

09 Sep 2021

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Informaron que trabajarán en bloque con el objetivo de que se regresen estos recursos a la población en situaciones de emergencia por fenómenos naturales

Entrega el SNTE a la SEP informe de infraestructura escolar para un regreso seguro

08 Sep 2021

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La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, recibió del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, el Primer Informe de la Jornada Nacional en Apoyo al Regreso Seguro a las Escuelas

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.