Notas principales

24 Abril, 2026

Síguenos en:

Notas principales

Docentes del IPN afiliados al SNTE reciben equipo de cómputo

29 Sep 2021

313 veces

El maestro Cepeda Salas reconoció a la autoridad politécnica por destinar recursos en acciones que realmente benefician a la comunidad educativa

Logran hacer negocios empresarios y empresarias sinaloenses en Miami, Florida

29 Sep 2021

247 veces

La finalidad fue que el grupo empresarial sinaloense logrará expandir sus relaciones comerciales y acercar sus productos y servicios a Norteamérica

Conferencia tras banderas. El peor gobierno en el peor momento. Por: Pepe Rocello

29 Sep 2021

329 veces

Con la posibilidad que se abriría con un acuerdo con Inglaterra se reposicionaría a México como el centro estratégico en expansión de Latinoamérica con una central aérea que pueda coexistir con la expansión de la actividad económica de nuestro país

Desde San Lázaro. Se seguirán peleando las corcholatas. Por: Alejo Sánchez Cano

29 Sep 2021

268 veces

Primero, fueron llamados, la Jefa del Gobierno Capitalino y el senador Ricardo Monreal al Palacio de Covían, luego vendrán otros para sellar el abrazo de Bucareli, sin embargo, serán vanos los intentos, porque la maquinaria que genera la guerra sucia ya se echó a andar

Se tenía que decir… El discurso de odio. Por: Santiago Cárdenas.

28 Sep 2021

262 veces

El gobierno federal no puede deslindarse del discurso de odio, pues ha sido en muchas ocasiones el principal emisor

Desde San Lázaro. Canasta básica alimentaria. Por: Alejo Sánchez Cano

28 Sep 2021

275 veces

Me llama la atención que Desde San Lázaro ahora es la bancada del PVEM, quien presenta una Iniciativa para establecer la obligatoriedad del Estado de proporcionar una canasta básica de alimentos

San Luis Potosí integró el primer pacto para reactivar la industria turística en México durante la pandemia

27 Sep 2021

376 veces

Los 6 estados que forman el Pacto Centro Occidente por el Turismo cuentan con 22 millones de habitantes que podrán ser los primeros beneficiarios de esta estrategia

Como veo, doy. Actualización de Planes de Desarrollo Urbano, una necesidad en la CDMX. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

27 Sep 2021

306 veces

Es cierto, para nadie es un secreto que muchos de los predios irregulares, habilitados como conglomerados urbanos para la vivienda, son producto de invasiones promovidas por agrupaciones de profesionales de la invasión

Desde San Lázaro. No se les olvide el apoyo a Mipymes. Por: Alejo Sánchez Cano

27 Sep 2021

247 veces

Si consideramos que las Mipymes son la principal fuente de empleo, generan el 72 por ciento de los empleos formales existentes y representan además el 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), entonces es vital apoyar a este sector

Desde San Lázaro. Los niños y adolescentes no votan. Por: Alejo Sánchez Cano.

24 Sep 2021

272 veces

En general, el ritmo de vacunación ha decrecido en el país y no por falta de vacunas, sino por carecer del esquema logístico de distribución y por falta de voluntad política para acelerar el proceso

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.