Notas principales

24 Abril, 2026

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Notas principales

Se tenía que decir. Pasar a la historia a billetazos. Por: Santiago Cárdenas.

19 Oct 2021

256 veces

La desesperación responde a que las mediciones realizadas al interior del gobierno reflejan la extremada dificultad de que la reforma se apruebe. De hecho, tal y como se planteó originalmente, la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador está prácticamente muerta

Desde San Lázaro. Quitar donativos en contra de derechos humanos. Por: Alejo Sánchez Cano.

19 Oct 2021

208 veces

Calificada como una medida perversa que solo busca mayor captación de impuestos y monopolizar a la asistencia social, desde el Congreso, diversos grupos parlamentarios, amenazan con impedir que este esquema fiscal

Copala reactivará su economía con la nueva carretera: Quirino

18 Oct 2021

250 veces

Para rescatar de un práctico abandono en que cayó Copala al abrirse la autopista Mazatlán-Durango, el gobernador Quirino Ordaz Coppel inauguró un tramo carretero que comunica a este Pueblo Señorial con la llamada supercarretera

Desde San Lázaro. La soberbia de Gatell, Bartlett, Shienbaum, Gertz, Nahle… Por: Alejo Sánchez Cano.

18 Oct 2021

205 veces

Cuál es el común denominador de la mayoría de los miembros de la autollamada Cuarta Transformación; la soberbia y el resentimiento social, que respiran por todos sus poros

Se tenía que decir… La reforma eléctrica de AMLO, sustentada en mentiras. Por: Santiago Cárdenas.

15 Oct 2021

281 veces

Este año, el Gobierno de la República destina 70 mil millones de pesos al subsidio de las tarifas eléctricas de bajo consumo, razón por la cual se pueden mantener estas tarifas

Desde San Lázaro. En bancarrota las entidades federativas. Por: Alejo Sánchez Cano.

15 Oct 2021

223 veces

De los 15 estados en donde hay relevo de gobernador, 13 de ellos están en bancarrota, a tal nivel que ni siquiera tienen para pagar la nómina y salvó honrosas excepciones como Querétaro que liquidó toda su deuda externa

Desde San Lázaro. Los conflictos rebasan a Rocío Nahle. Por: Alejo Sánchez Cano

14 Oct 2021

251 veces

El conflicto de los trabajadores de la refinería de Dos Bocas, tiene muchos brazos, entre ellos el de la corrupción y en uno de ellos va a quedar atrapada Rocío Nahle

Desde San Lázaro. La incapacidad es sinónimo de deslealtad. Por: Alejo Sánchez Cano

13 Oct 2021

275 veces

Sheinbaum no tiene la capacidad para gobernar a la CDMX, ya lo demostró en casi tres años que lleva al frente del gobierno capitalino, tiempo en el cual ocurrieron dos sucesos que marcaron su incompetencia

Sinaloa se prepara ante el azote de “Pamela”

12 Oct 2021

255 veces

Con la debida anticipación, el gobernador Quirino Ordaz Coppel convocó una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, para prepararse ante el inminente arribo del huracán “Pamela” de categoría 3, que se prevé tocará costas sinaloenses

Conferencia tras banderas. Estadolatría y la doble tributación. Por: Pepe Rocello

12 Oct 2021

349 veces

Pero el problema es de fondo, en donde AMLO ya definió cuales son los alcances de su visión de la justicia distributiva y también que tipo de clase media piensa y está en proceso de construcción

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.