Notas principales

27 Abril, 2026

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Notas principales

Alfredo Del Mazo informa que en colaboración con el Gobierno de México se mejorará la distribución y red de agua potable en Nezahualcóyotl

28 Jun 2019

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Estamos trabajando de la mano, el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México, en la construcción de cuatro obras muy importantes para Nezahualcóyotl, la construcción de un pozo de agua, cuatro plantas potabilizadoras

Sonora un paso adelante con la nueva Cartilla de cuidado médico digital

28 Jun 2019

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A través de esta Cartilla, que contiene un código QR, explicó la gobernadora, el ciudadano y el personal médico tendrán acceso de forma rápida al historial clínico, además de una “línea de vida”, a fin de que el paciente conozca las acciones preventivas recomendadas de acuerdo a su edad y sexo.

JM Carreras y Esteban Moctezuma inauguran el moderno campus de la Universidad Tecnológica Metropolitana

28 Jun 2019

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El mandatario estatal, acompañado por la Presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal DIF, Lorena Valle Rodríguez, indicó que esta universidad tiene una visión adelantada a su creación, con fundamentos en la educación bilingüe, internacional y sustentable.

Columna: Se tenía que decir… La fantochería del 1 de julio. Por: Santiago Cárdenas.

28 Jun 2019

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La razón de esta caída es una: grandes yerros que hoy tienen al país en riesgo de colapso económico, político y social. Obvio, ni él ni sus todavía muchos seguidores lo aceptan así, porque otra de sus características es ir en contra de la realidad y en contra de las instituciones

Convergencias y divergencias. Bueyes y vacas entran ilegalmente a México por la frontera sur. Por: Ariscófanes

28 Jun 2019

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En reunión con diputados de la comisión de Ganadería, presidida por Eduardo Ron Ramos, integrantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), organización que encabeza Oswaldo Cházaro Montalvo, denunciaron que año con año entran de manera ilegal por la frontera sur del país más de un millón de cabezas de ganado

Desde San Lázaro. AMLO se retrae y pierde México. Por: Alejo Sánchez Cano.

28 Jun 2019

344 veces

Es un error de graves consecuencias para el país que López Obrador decline asistir y en su lugar acuda Marcelo Ebrard, encabezando la delegación mexicana.

Gobiernos del EdoMex, CDMX e Hidalgo coordinan esfuerzos para la agenda metropolitana del Valle de México en materia de seguridad pública

27 Jun 2019

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Los secretarios Maribel Cervantes Guerrero del Estado de México, Jesús Orta Martínez de la Ciudad de México y Mauricio Delmar Saavedra de Hidalgo, expusieron los avances que se han obtenido a partir de la coordinación de manera tripartita

Convergencias y divergencias. Servicios de salud del país en abandono, Tlalpan un caso. Por: Ariscófanes

27 Jun 2019

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La funcionaria del sector salud informó que ese negro panorama se tiene detectado en entidades como Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Campeche, cuyas clínicas enfrentan varios retos

Dará Del Mazo 30% más becas al extranjero en Edomex

27 Jun 2019

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“Dentro de todos los programas de becas que tenemos en el estado, uno muy importante es éste que es el de Becas al Extranjero. Le estamos invirtiendo más de 200 millones de pesos para que muchos jóvenes, como ustedes, puedan tener esta oportunidad, es una gran oportunidad que estoy seguro que pueden aprovechar”

Desde San Lázaro. Valientes, Monreal y Muñoz Ledo. Por: Alejo Sánchez Cano

27 Jun 2019

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Saludable que a la discusión pública sobre temas relevantes participen con posturas osadas y con visiones distintas a las que tiene el nuevo gobierno, miembros destacados del círculo cercano de López Obrador.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.