Notas principales

27 Abril, 2026

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Notas principales

Recibe Quirino la visita de Michelle Paige, presidenta de la FCCA

26 Jun 2019

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Ordaz Coppel recordó que la primera gestión que hizo como gobernador de Sinaloa en el extranjero, fue precisamente una visita a la Florida Caribbean Cruise Association (FCCA), donde fue recibido por su presidenta Michelle Paige

Sigue disminuyendo incidencia delictiva en Sinaloa; no bajemos la guardia: Quirino

26 Jun 2019

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Quirino Ordaz calificó como urgente el que opere una base militar en el sur de Sinaloa como punto estratégico geográfico, pues se requiere reforzar los trabajos de seguridad en la frontera con Nayarit y la zona serrana de Concordia, Rosario y Escuinapa

ONU-DH urge a México elaborar estrategia nacional para combatir la tortura

26 Jun 2019

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La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) alentó y urgió este miércoles a las autoridades mexicanas, federales y locales, a elaborar e implementar una estrategia nacional para combatir la tortura.

Columna: Se tenía que decir… El lopezobradorismo y su oposición. Por: Santiago Cárdenas.

26 Jun 2019

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Durante muchos años en México predominó el bipartidismo con el PRI como partido dominante y el PAN siendo el gran contrapeso de los gobiernos priistas.

Desde San Lázaro. Viandas fifi para Esteban Moctezuma. Por: Alejo Sánchez Cano

26 Jun 2019

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Apenas en enero pasado, el funcionario federal anunció la estrategia de “austeridad” implementada en esa institución, para responder a la política del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Convergencias y divergencias. Obras sin licitaciones, el negocio de la 4T. Por: Ariscófanes

25 Jun 2019

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Ah, pero cuando hablan de corrupción, el otro tema de mayor agravio a la sociedad, los de la llamada cuarta transformación se llenan la boca de palabras para presumir que desde el primero de diciembre esta problemática desapareció

Desde San Lázaro. Los diputados de oposición en deuda. Por: Alejo Sánchez Cano.

25 Jun 2019

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Los diputados del PAN, PRI, PRD y MC realizan esfuerzos hasta cierto punto aislados, pero no han logrado construir los acuerdos necesarios para construir un bloque opositor cohesionado.

Pone en marcha Gobernadora moderno portal para trámites de becas

24 Jun 2019

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Ante jóvenes estudiantes de diferentes niveles, la gobernadora dio a conocer que este año se entregaran más de 53 mil becas y estímulos educativos con lo que se beneficiará a un mayor número de alumnos de los distintos niveles.

Inaugura Quirino Ordaz el Parque Acuático Tres Ríos

24 Jun 2019

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El mandatario estatal llegó acompañado por su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz, y como ha sido ya una amena costumbre, sin acto protocolario, simplemente cortó el listón simbólico de inauguración, y se dedicó a recorrer toda la extensión del parque

Columna: Se tenía que decir… ¿Qué hora es? Por: Santiago Cárdenas.

24 Jun 2019

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Acostumbrado a acusar sin pruebas de por medio, con mentiras frecuentes, o inexactitudes para matizar un poco, López Obrador barre todos los días con empresarios, activistas, miembros de la sociedad civil, escritores, analistas, instituciones financieras o crediticias y medios de comunicación y periodistas.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.