Notas principales

27 Abril, 2026

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Notas principales

Con caminata multitudinaria Quirino inaugura moderna vialidad en Culiacán

15 Jun 2019

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Es una gran movilización social de celebración, de festejo, para disfrutar esta gran convivencia porque es una gran obra que transforma toda la movilidad de Culiacán, es una avenida donde pasan más 45 mil carros diariamente.

Sinaloa será el modelo nacional a seguir en preservación de Archivos Históricos

14 Jun 2019

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Acompañado de su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz, y por el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, el gobernador del estado recibió a la esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

Moreno Cárdenas niega ‘dados cargados’ en elección interna del PRI

14 Jun 2019

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Sobre las acusaciones que lo relacionan con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, explicó que él es un político responsable y que, durante su gobierno, trabajo en favor del pueblo, generando relaciones respetuosas.

Columna: Se tenía que decir… El pueblo no se equivoca: La inseguridad está al tope. Por: Santiago Cárdenas

14 Jun 2019

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Desde diciembre pasado, el Gobierno de López Obrador sabía y tenía claro que el problema de la inseguridad en el país era uno de los principales a atender. Sin embargo, lo que hoy se observa es que no se le ha puesto el interés debido a ese problema, sea por incompetencia o con toda intención

Desde San Lázaro. Edoméx, atractivo para las inversiones. Por: Alejo Sánchez Cano.

14 Jun 2019

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Este Consejo tiene como finalidad vincular a autoridades, empresarios, academia y sociedad en el análisis de la normatividad existente y en la elaboración de propuestas que fortalezcan la competitividad estatal y municipal.

Desde San Lázaro. No estás sola, el repudio te acompaña. Por: Alejo Sánchez Cano

13 Jun 2019

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Más allá del incremento exponencial en los índices delictivos en la capital del país, resalta la soberbia y la incapacidad de la jefa de gobierno para atender la demanda más sentida de los capitalinos; la seguridad pública.

Alfredo Del Mazo instala Consejo Estatal de Mejora Regulatoria para simplificar y fomentar la apertura de negocios en el #Edoméx

12 Jun 2019

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La finalidad de este Consejo es vincular a autoridades, empresarios, academia y sociedad en el análisis de la normatividad existente, y en la elaboración de propuestas que fortalezcan la competitividad estatal y municipal.

Desde San Lázaro. Reforma electoral y costo de la democracia. Por: Alejo Sánchez Cano

12 Jun 2019

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Para ello, ya se llevan a cabo los foros de consulta en San Lázaro, que buscarán justificar y claro en algunos temas, enriquecer lo que ya se tiene concebido desde la presidencia de la república.

Garantiza AMLO a Quirino conclusión de obras estratégicas para Sinaloa

11 Jun 2019

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En el marco de la visita que este domingo hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a Los Mochis para entregar apoyos del Programa de Bienestar, el gobernador Quirino Ordaz Coppel sostuvo un encuentro privado posterior, donde abordaron el tema de las obras estratégicas para Sinaloa

Desde San Lázaro. Urgente una reunión interparlamentaria. Por: Alejo Sánchez Cano

11 Jun 2019

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En este sentido sería conveniente y urgente un acercamiento con los legisladores norteamericanos con la finalidad de conformar una visión integradora sin sesgos partidistas que de pie a fijar posturas irreductibles en temas sensibles en los dos lados de la frontera.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.