Notas principales

19 Abril, 2026

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Desde San Lázaro. Celada contra Ebrard. Por: Alejo Sánchez Cano

14 Jun 2023

390 veces

La idea es evitar a toda costa que se dinamite su proyecto transexenal de establecer el Obradorato con una sucesora a modo y en esta lógica, no tiene cabida el ex canciller

Anuncia Alfredo Del Mazo que la empresa KIRIU realizará más inversión en su planta de Lerma

13 Jun 2023

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Con este plan, Kiriu generará 95 nuevos empleos y será un área de oportunidad de aprendizaje y de crecimiento, tanto para los mexiquenses como para la industria automotriz

Desde San Lázaro. PRD y PT desaparecen; PRI y Verde, en veremos. Por: Alejo Sánchez Cano

13 Jun 2023

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El caso del PRD ejemplifica con claridad que sucede con un partido político que habiendo estado en la antesala de ganar la presidencia de la República en 2006

Responde el SNTE al llamado a construir una cultura para la paz

12 Jun 2023

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Cepeda Salas subrayó la importancia de que estudiantes y trabajadores de la educación se encuentren en las mejores condiciones para que la escuela pública, en todos sus niveles

Pone en marcha Alfredo Del Mazo el laboratorio de realidad virtual y edición digital en la facultad de arquitectura y diseño de la UAEM

12 Jun 2023

431 veces

Este laboratorio es un nuevo espacio de realidad virtual, aumentada y mixta, con un área de impresión y escaneo en 3D, donde se desarrollarán escenarios inmersivos y digitales aplicables a la docencia

Como veo doy. En víspera de la encuesta y palabras mayores. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

12 Jun 2023

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La encuesta es un ingrediente relativamente nuevo en la sucesión presidencial y ese proceso pone más interesante el desarrollo, el clímax, el desenlace

Desde San Lázaro. Corcholata vs candidato ciudadano. Por: Alejo Sánchez Cano

12 Jun 2023

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Por el lado de las corcholatas, hay que anotar a Marcelo Ebrard vs Claudia Sheinbaum; y por los opositores, al vencedor de las primarias organizadas por el FCN y al abanderado de la alianza Va por México

Recibe Manolo Jiménez constancia como gobernador electo de Coahuila

11 Jun 2023

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“La elección fue un conjunto de esfuerzos, fue gracias a la confianza de las y los coahuilenses

Desde San Lázaro. Riquelme y Del Mazo para dirigir el PRI. Por: Alejo Sánchez Cano

09 Jun 2023

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Lleva 12 gubernaturas perdidas con la del Estado de México de 14 en las que ha participado y como quedó demostrado en esta entidad su apoyo a la candidata del PRI, PAN y PRD

Desde San Lázaro ¿Sheinbaum podrá sin cargo y sin presupuesto? Por: Alejo Sánchez Cano

08 Jun 2023

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Las famosas encuestas que darán luz sobre el ungido de Morena, se aplicarán en agosto, lo que significa que esas corcholatas que han sido descobijadas con la dimisión del canciller

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.