Notas principales

19 Abril, 2026

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Desde San Lázaro. Dejen pasar a Xóchitl. Por: Alejo Sánchez Cano

04 Jul 2023

374 veces

Si Santiago Creel y Enrique de la Madrid y otros suspirantes pretenden sacar a Morena del poder, deben realizar un auténtico acto de reflexió

Como veo, doy. Legisladores proponen regular venta de boletos en espectáculos públicos. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

03 Jul 2023

367 veces

El documento explica que son múltiples los abusos cometidos contra los consumidores de eventos de espectáculos por parte de algunas empresas

Desde San Lázaro. Simulación e ineptitud en Dos Bocas y AIFA. Por: Alejo Sánchez Cano

03 Jul 2023

385 veces

El tiempo pone a cada quien en su lugar y ahora se observa con total claridad lo erróneo que fue tomar una decisión bajo móviles políticos y de revanchismo

Anuncia Alfredo Del Mazo proyecto de expansión de grupo Jumex en el municipio de Ecatepec

30 Jun 2023

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El mandatario estatal indicó que este proyecto concluirá en dos años e involucrará equipo técnico de diversos países, además generará hasta 400 empleos

Reafirma el SNTE su compromiso con la Nueva Escuela Mexicana

30 Jun 2023

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Cepeda Salas inauguró, ante unos 700 agremiados, el Foro “La Nueva Escuela Mexicana”, organizado por la Sección 50

Desde San Lázaro. Se aprieta la sucesión presidencial. Por: Alejo Sánchez Cano

30 Jun 2023

431 veces

Del lado opositor, se perfilan Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Enrique de la Madrid

Desde San Lázaro. Lilly Téllez se equivocó. Por: Alejo Sánchez Cano

29 Jun 2023

460 veces

En fin, se han desinflado dos mujeres que pudieron ser presidentas de México, una, Lilly Téllez, por decisión propia; y otra, Sheinbaum, por sus limitadas capacidades

Desde San Lázaro. La Kriptonita (Xóchitl y Lilly) de AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano.

28 Jun 2023

368 veces

Por eso decimos que se le hizo bolas el engrudo al presidente para encumbrar con sus desplantes autoritarios a Xóchitl Gálvez hasta la antesala de la presidencia de la República

Desde San Lázaro. Quién “pompo” tanta publicidad electoral. Por: Alejo Sánchez Cano

27 Jun 2023

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En tanto el INE no aclare e investigue el origen de esos recursos que pagan la publicidad y promoción de las corcholatas, se presta a todo tipo de especulaciones

Entrega Alfredo Del Mazo el centro de atención, capacitación e investigación en fisioterapia ocupacional de la UAEM

26 Jun 2023

382 veces

Inauguramos el Centro de Atención, Capacitación e Investigación en Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la Facultad de Medicina de la @UAEM_MX, en Toluca

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.