Notas principales

19 Abril, 2026

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Desde San Lázaro. Ebrard y Xóchitl, escollos imposibles de sortear. Por: Alejo Sánchez Cano

07 Sep 2023

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Solo los ilusos creyeron que AMLO hablaba en serio cuando escogió a las encuestas como método de selección de los candidatos de Morena

Desde San Lázaro. AMLO eligió a su sucesora. Por: Alejo Sánchez Cano

06 Sep 2023

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AMLO ha puesto en riesgo la continuidad de su proyecto político para el 2024, ya que Claudia será deglutida por Xóchitl

Como veo, doy. Participación ciudadana a prueba en 2024. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

04 Sep 2023

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No hay duda, las elecciones venideras apuntan a ser históricas por diferentes motivos, entre otros, que la ciudadanía, ahora sí, salga a votar

Inaugura Alfredo Del Mazo línea metropolitana, legado de infraestructura hídrica que beneficia a más de 1.8 millones de familias del Valle de México

31 Ago 2023

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El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza entregó la construcción de la Línea Metropolitana y el Tanque “Providencia”, proyecto de infraestructura hídrica que representa un legado de la actual administración

Entrega de Libros de Texto Gratuitos, una obligación para los gobiernos y un derecho para los estudiantes

25 Ago 2023

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El dirigente nacional del Sindicato expresó que durante décadas el SNTE ha pugnado por una pedagogía nacional

Como veo, doy. Inicia el juego de la silla en la UNAM, elegirán al rector 42. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

21 Ago 2023

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La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) emitirá, de manera adelantada, la convocatoria

Desde San Lázaro. El destino de Ebrard está decidido. Por: Alejo Sánchez Cano

18 Ago 2023

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Será que el Carnal Marcelo pecó de ingenuo o más aún, confío de sobremanera en la palabra del presidente y fincó todas sus esperanzas en que el proceso de selección

Desde San Lázaro. La revancha contra el Poder Judicial y el INE. Por: Alejo Sánchez Cano

17 Ago 2023

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Desde el púlpito de la mañanera ya amenazó el presidente para que al INE de le recorten 10 mil millones de pesos

Desde San Lázaro. MC va a mover la sucesión presidencial. Por: Alejo Sánchez Cano

16 Ago 2023

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Muchos dicen que la franquicia de MC en una evaluación conservadora, vale entre el 3 y 7 por ciento del padrón electoral

Desde San Lázaro. Un gabinete que navega entre la mediocridad y la ineptitud. Por: Alejo Sánchez Cano

15 Ago 2023

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En términos mediáticos, la mayoría del gabinete son auténticos desconocidos, no obstante que varios de ellos ya llevan varios años en su cargo

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.