Notas principales

19 Abril, 2026

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Desde San Lázaro. El peor gobernador mexiquense. Por: Alejo Sánchez Cano

15 Sep 2023

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Para el PRI, solo hay un miembro peor que del Mazo y ese responde al nombre de Alejandro Moreno, dirigente nacional de ese partido

Encabeza Alfredo Del Mazo ceremonia conmemorativa por el CLXXVI aniversario del sacrificio de los niños Héroes de Chapultepec

14 Sep 2023

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La sociedad debe reflexionar sobre la importancia de defender las causas justas y estar unida ante los desafíos de la historia actual

Desde San Lázaro. Mentiras que explotarán con la próxima presidenta. Por: Alejo Sánchez Cano

14 Sep 2023

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Las mentiras en las mañaneras han subido de tono, no solo por la desfachatez, sino por la peligrosidad de las falacias que emite el principal huésped de Palacio Nacional

Desde San Lázaro. La izquierda pierde la CDMX. Por: Alejo Sánchez Cano

13 Sep 2023

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Si todos ellos establecen un pacto de unidad y se acuerpan para apoyar a quien resulte ungido, pues será muy difícil que mantenga el poder la izquierda en la capital

Consolida Edoméx su liderazgo como motor de la economía nacional: Alfredo Del Mazo

12 Sep 2023

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El Estado de México se consolida como un importante motor económico en el país, y deja como legado haber captado proyectos por más de 529 mil millones de pesos

Desde San Lázaro. Ebrard factor de decisión y gobernabilidad. Por: Alejo Sánchez Cano

12 Sep 2023

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Marcelo ni se raja ni se baja, simplemente pospone en el tiempo la posibilidad de cristalizar su proyecto personal

Como veo, doy. Gabriela Quiroga presenta iniciativa contra feminicidio vicario. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

11 Sep 2023

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No hay duda, la incidencia delictiva por feminicidio sigue al alza y si no nos creen, échenles un ojo a las cifras del Estado de Morelos

Desde San Lázaro. Xóchitl tiene el bastón de mando del FAM. Por: Alejo Sánchez Cano

11 Sep 2023

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Sin embargo, ahora que la hidalguense ya tiene la nominación en la bolsa, se verá que tanto es el FAM con ella y sin ella

La industrialización exige mayores normas de trazabilidad: HGL

10 Sep 2023

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Expresó que el acceso a alimentos inocuos y el mantenimiento del estatus zoosanitario, es una preocupación y compromiso constante por parte de la CNOG

Desde San Lázaro. Ebrard, humillado y traicionado. Por: Alejo Sánchez Cano

08 Sep 2023

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Se dice que también el Partido Verde podría abrir la puerta y con ello romper con AMLO y Morena

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.