Notas principales

19 Abril, 2026

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Notas principales

Desde San Lázaro. Grupo marcelista, fiel de la balanza en el presupuesto. Por: Alejo Sánchez Cano

03 Oct 2023

356 veces

Hay mucho en juego, y que cree, estimado lector, “el carnal” y sus simpatizantes tienen mucho que ver en el desenlace final

Rinden autoridades de seguridad informe a Delfina Gómez, Gobernadora del Estado de México

02 Oct 2023

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La Gobernadora Delfina Gómez reitera su compromiso de coordinar esfuerzos en los tres órdenes de gobierno para revertir la inseguridad en el Estado de México

SNTE, 80 años de ser el sindicato más importante de México

02 Oct 2023

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Cepeda Salas se comprometió a seguir atendiendo, sin descanso, las demandas de los trabajadores de la educación, sobre salarios, certeza laboral, condiciones de trabajo

Como veo, doy. Ley para optimizar uso del agua y reutilizar el agua de lluvia, próximamente en la CDMX. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

02 Oct 2023

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El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, anunció que presentará una iniciativa de ley en materia de cuidado, uso y aprovechamiento del agua

Desde San Lázaro. Brugada u Omar, discusión estéril. Por: Alejo Sánchez Cano

02 Oct 2023

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Los argumentos esgrimidos a favor o en contra de cualquiera de los dos son pueriles, ingenuos y estériles

Desde San Lázaro. Relocalización con gobernanza, seguridad pública y apoyos fiscales. Por: Alejo Sánchez Cano

29 Sep 2023

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Existen diversas regiones del país que no están ubicadas en la frontera norte que se está viendo impactada de forma positiva por la relocalización de las empresas

Trabajamos para mejorar el acceso al agua potable en el Estado de México: Gobernadora Delfina Gómez

28 Sep 2023

435 veces

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez señaló que su gobierno trabajará en el desarrollo de obras que garanticen el derecho al acceso al agua

El SNTE y la CNDH impulsan la Cultura de Paz a través de los derechos humanos

28 Sep 2023

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En su intervención, la presidenta de la CNDH se congratuló por el compromiso del SNTE

Desde San Lázaro. Chiapas en manos de criminales. Por: Alejo Sánchez Cano

28 Sep 2023

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Y por si faltara un ingrediente más para agravar todo, tienen al gobernador más inepto de su historia

Desde San Lázaro. García Harfuch enfrenta a la nomenclatura del oficialismo. Por: Alejo Sánchez Cano

27 Sep 2023

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Hay muchas formas de desplazar a Harfuch del incuestionable primer lugar que tiene en las encuestas, como darle más valor a los votos que se emitan en las alcaldías en donde gobierna Morena

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.