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19 Abril, 2026

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23 May 2023

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López Obrador en un presidente solo para sus seguidores y en contraparte, para el resto de la población, en el mejor de los casos, solo hay desdén

Establecen Edoméx, Hidalgo, CDMX y Sedatu acuerdos para el desarrollo ordenado y sustentable de la zona metropolitana del Valle de México

22 May 2023

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Con las acciones que se acordaron el día de hoy refrendamos, a través de este Consejo, el compromiso con el desarrollo integral, ordenado y sustentable

Por el presente y futuro de Coahuila razonemos nuestro voto: Manolo

22 May 2023

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Al arrancar los últimos 10 días de campaña, Manolo Jiménez Salinas hace un llamado a la ciudadanía a reflexionar su voto

Como veo, doy. A pasos agigantados, avanza “Mi Beca para Empezar” Por: Jorge Luis Galicia Palacios

22 May 2023

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La Ciudad de México se ha convertido en pionera en materia de políticas públicas de tipo social

Desde San Lázaro. Pasará a la historia de los dictadores. Por: Alejo Sánchez Cano

22 May 2023

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Cuando se transgrede el orden constitucional, se violenta la división de poderes, se ataca a los organismos autónomos e independientes que hacen contrapeso al Ejecutivo

Todo mi compromiso y apoyo para el campo coahuilense: Manolo

21 May 2023

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Mi compromiso con el campo de Coahuila es hacer grandes programas y proyectos para ayudar a nuestras hermanas y hermanos campesinos

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19 May 2023

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Durante gira por la región Centro, el candidato a gobernador de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, se reunió con líderes de diversos sectores sociales

Desde San Lázaro. Ana Guevara y la soberbia de subirse a un ladrillo. Por: Alejo Sánchez Cano

19 May 2023

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Su incapacidad la tapan con lanzar culpas al pasado, o más aún a trabas administrativas generadas por ellos mismos

Celebra el SNTE exitosa negociación salarial y laboral para los trabajadores de la educación

18 May 2023

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El dirigente magisterial señaló que continuará el programa de basificaciones, que al momento lleva 896 mil nombramientos en el país

Desde San Lázaro. Una mayoría congresista abyecta y sumisa. Por: Alejo Sánchez Cano

18 May 2023

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La mayoría oficialista en el Congreso es corresponsable de los desatinos y omisiones del gobierno del tabasqueño y en ese sentido debe haber un seguimiento puntual para efectos legales sobre los daños a la Nación

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.