Notas principales

19 Abril, 2026

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Desde San Lázaro. SCJN independiente y garante del orden constitucional. Por: Alejo Sánchez Cano

09 May 2023

392 veces

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presidida por la ministra Norma Lucía Piña, se ha convertido en el verdadero garante del régimen democrático

Como veo, doy. Con la participación ciudadana, se eligen Copacos y proyectos comunitarios en la CDMX. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

08 May 2023

472 veces

Los habitantes de la Ciudad de México se dieron una nueva oportunidad y acudieron ayer a las urnas para elegir a los Comités de Participación Comunitaria (Copacos)

Desde San Lázaro. El PAN retrasa el proceso de selección del candidato aliancista. Por: Alejo Sánchez Cano

08 May 2023

375 veces

La mayoría de los simpatizantes del PAN no aceptarán apoyar a un aspirante con sangre priista y menos a un perredista, en cambio la militancia tricolor y amarilla bien podrían sumarse

Desde San Lázaro. La cargada en Morena, trae la brújula descompuesta. Por: Alejo Sánchez Cano

05 May 2023

404 veces

Han sido en múltiples ocasiones en que el presidente se ha referido a que serán las encuestas las que determinen al ganador

Desde San Lázaro. Morena en el cenit del poder. Por: Alejo Sánchez Cano

04 May 2023

414 veces

Si se quita el liderazgo de López Obrador, no existe en estos momentos, alguien que lo pueda suplir para mantener esa inercia ganadora

Desde San Lázaro. Se adelanta el destape de la corcholata. Por: Alejo Sánchez Cano

03 May 2023

417 veces

Veremos en los próximos días si el bloque opositor leyó bien la jugada de AMLO, o si de plano se siguen durmiendo en sus laureles

Desde San Lázaro. Consecuencias de la noche negra de Palacio Nacional. Por: Alejo Sánchez Cano

02 May 2023

442 veces

Este decálogo para consolidar el poder del obradorato descansa en todo aquello que ha ido construyendo el presidente en los cuatro años de su administración, como la militarización

Desde San Lázaro. Reducción de jornada laboral, mata a empresas. Por: Alejo Sánchez Cano

28 Abr 2023

487 veces

Se deben promulgar leyes que den pie a políticas públicas para que los trabajadores sean más productivos y con ello, seguramente se detonarán los beneficios progresivos

Desde San Lázaro. Requiem al INSABI y al sistema de salud pública. Por: Alejo Sánchez Cano

27 Abr 2023

417 veces

El fracaso de la política en materia de salud implementada por AMLO es de tal envergadura que dejaron sin la atención médica a, por lo menos, 15 millones de pacientes que eran atendidos por el Seguro Popular

Desde San Lázaro. El INAI inoperante por lo que resta del sexenio. Por: Alejo Sánchez Cano

26 Abr 2023

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El Inai es una institución fundamental en el andamiaje jurídico para garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la información pública y a la protección de sus datos personales

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.