Notas principales

19 Abril, 2026

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Notas principales

Desde San Lázaro. Consejeras mujeres al INE, con perfiles “oficialistas”. Por: Alejo Sánchez Cano

24 Mar 2023

421 veces

Desde luego, el género no es implícito a la capacidad de cada ser humano, empero, debe establecerse el piso parejo para que las mujeres no tengan impedimento alguno para cumplir con sus aspiraciones políticas

Desde San Lázaro. Alejandra Del Moral puede ganar en Edomex. Por: Alejo Sánchez Cano

23 Mar 2023

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Le piden a Alejandra del Moral le baje tres rayitas a su soberbia y mantenga los pies en la tierra, ya que los aires de grandeza que, por naturaleza se le da, no abonan en el propósito de defender la plaza hasta las últimas consecuencias

Desde San Lázaro. AMLO ya destapó a su corcholata. Por: Alejo Sánchez Cano

22 Mar 2023

395 veces

Es más, el presidente ya eligió entre las tres corcholatas que quedan en la final y su decisión se inclina en favor de Claudia Sheinbaum

Como veo, doy. En el Senado visibilizan realidad sobre el feminicidio. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

21 Mar 2023

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Es cierto, en los últimos diez años se han endurecido las leyes contra quienes cometen este tipo de delito, se han reforzado protocolos y ha habido un incremento en las acciones para prevenir el feminicidio

Desde San Lázaro. Crece el desgobierno con Navarro Quintero en Nayarit. Por: Alejo Sánchez Cano

21 Mar 2023

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Los nayaritas pensaron que no era un improvisado en la política, pero parece que sólo aprendió las mañas de los priístas o algo parece haberle ocurrido a Navarro Quintero por la serie de desatinos

Desde San Lázaro. Una oposición huérfana. Por: Alejo Sánchez Cano

17 Mar 2023

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Ahora, a seis meses de que se abra el proceso electoral para buscar la presidencia del país, los opositores todavía padecen la orfandad porque los que pretenden ser sus padres adoptivos son muy pequeñitos

Respalda Alfredo Del Mazo el desarrollo de la juventud mexiquense con entrega de tarjetas jóvenes en movimiento Edoméx

16 Mar 2023

419 veces

Y busca que muchos jóvenes puedan invertir este apoyo, este programa, en lo que ustedes deseen, pero principalmente en sus estudios

Desde San Lázaro. Se carece de una política aeronáutica de estado. Por: Alejo Sánchez Cano

16 Mar 2023

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Diversos especialistas insisten en que, tanto el tema del cabotaje, como el de recuperar la categoría 1 son asuntos totalmente distintos y por ello su tratamiento debe seguir procesos diferenciados

Desde San Lázaro. El PRI camina hacia la pérdida de su registro. Por: Alejo Sánchez Cano

15 Mar 2023

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Lo hemos dicho, el PRI es más competitivo si se logra desprenderse de Alito y ello se refleja ahora con los porcentajes de aceptación que tienen a nivel nacional

Da a conocer Alfredo Del Mazo inversión por más de 135 millones de dólares en dos proyectos de la Empresa Vesta en Cuautitlán Izcalli y Toluca

14 Mar 2023

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El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza y la Corporación Inmobiliaria Vesta, especialista en desarrollos de logística, fabricación y comercio electrónico, dieron a conocer la inversión por más de 135 millones de dólares

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.