Notas principales

19 Abril, 2026

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Desde San Lázaro. Empate técnico entre Delfina y Del Moral. Por: Alejo Sánchez Cano

17 May 2023

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Cosas de estrategia, mientras que a la maestra la mantienen escondida; Del Moral, está con todo en sus actos de campaña

Inicia secretaría de seguridad jornada de votación anticipada en penales mexiquenses para la elección de gubernatura

16 May 2023

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Es importante mencionar que este ejercicio se efectúa por primera vez en dos estados del país, Coahuila y la entidad mexiquense

El SNTE honra a las maestras y a los maestros en su día

16 May 2023

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El dirigente nacional reconoció a los maestros de México por cumplirle a la Patria aún en los momentos más difíciles y en las condiciones más adversas

Desde San Lázaro. Movimiento Ciudadano puede ganar la presidencia. Por: Alejo Sánchez Cano

16 May 2023

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MC ha anunciado que tendrán candidato presidencial en diciembre, luego de que Morena haya destapado a su corcholata

La lectura abre un sinfín de posibilidades para la vida

15 May 2023

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Así lo indicó el secretario general de la organización, maestro Alfonso Cepeda Salas, durante una visita al stand del Sindicato

Como veo, doy. Latinos esperan lo peor, en discursos políticos y leyes migratorias. Por: Jorge Luis Galicia Palacios.

15 May 2023

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No hay duda, los discursos estridentes lanzados en tiempos de campaña del hoy ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, provocaron vientos de odio y violencia racista contra la comunidad migrante

Desde San Lázaro. Gordillo con hambre de poder. Por: Alejo Sánchez Cano

15 May 2023

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Todo parece indicar que Gordillo no se va a detener y seguirá dando de qué hablar, su hambre es insaciable, como ella dice de sí misma, genio y figura, hasta la sepultura

Desde San Lázaro. Castigo a López Gatell. Por: Alejo Sánchez Cano

12 May 2023

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Todavía al día de hoy, luego de que AMLO declarara el final de la pandemia, siguen sin vacunar con antígenos aprobados por la OMS, miles de mexicanos entre los que se encuentran niños y adolescentes

Desde San Lázaro. Autoritarismo en construcción del Cablebús L3. Por: Alejo Sánchez Cano

11 May 2023

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A la Comunidad “El Pípila” no se les consultó sobre el trazado de la línea 3 del Cablebús que pasa sobre una de esas escuelas y en otra, se construya la Torre 37

Desde San Lázaro. Lo único seguro es que “No es Claudia”. Por: Alejo Sánchez Cano

10 May 2023

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La realidad es que el jefe moral del morenismo ha perfilado con mayor claridad al candidato de su partido y este tiene que mantener la continuidad

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.