Notas principales

19 Abril, 2026

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Secciones 20 y 49 del SNTE, en Nayarit, reciben Toma de Nota

24 Abr 2023

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El dirigente nacional confió en que, con el reconocimiento legal que otorgó el TFCA a las directivas seccionales, mejore el trato del gobierno estatal con los trabajadores de la educación

Como veo, doy. Cannabis, en el debate del legislativo CDMX. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

24 Abr 2023

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Desde la SCJN se abrió el camino para que todo mundo pueda usar la droga con fines recreativos, sin embargo, la realidad nos señala que, en materia de información y prevención, la mera verdad, se ha hecho muy poco

Desde San Lázaro. Pierde Delfina y compromete el resultado de la elección. Por: Alejo Sánchez Cano

24 Abr 2023

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En cambio, la abanderada de la coalición “Juntos Haremos Historia”, constituida por Morena, PVEM y PT, no hizo la tarea o si la hizo no se notó.

Desde San Lázaro. Opacidad, legado de AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano

21 Abr 2023

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Para la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Blanca Lilia Ibarra, “el Inai no trabaja para el poder sino para gente”

Desde San Lázaro. La falacia como sustento del quehacer presidencial. Por: Alejo Sánchez Cano

20 Abr 2023

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Las mentiras más repetidas de AMLO giran en torno al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles al considerarlo uno de los mejores del mundo

Participa Estado de México en primer simulacro nacional 2023

19 Abr 2023

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Este simulacro tendrá una hipótesis de sismo magnitud 7.5, localizado entre los límites de Puebla y Veracruz, a 30 kilómetros al suroeste de Tierra Blanca, Veracruz

Desde San Lázaro. SCJN por el respeto al orden constitucional. Por: Alejo Sánchez Cano

19 Abr 2023

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La militarización con López Obrador es un hecho, aunque ahora para fortuna de los mexicanos y de las próximas generaciones, la Corte ha revertido esa decisión

Desde San Lázaro. Debates acartonados, aburridos e insustanciales. Por: Alejo Sánchez Cano

18 Abr 2023

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No sería más interesante y sobre todo, que las candidatas se enfrentaran directamente en torno a las acusaciones que prevalecen

Como veo, doy. INAI da vigencia al derecho al acceso de la información. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

17 Abr 2023

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Podemos concluir que una obligación del Estado democrático de derecho es la publicidad de los actos gubernamentales, no sólo como mecanismo de control de dichos actos, sino como el insumo principal para la participación libre e informada de los ciudadanos

Desde San Lázaro. El mayor dilema de AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano

17 Abr 2023

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Para el Jefe del Ejecutivo Federal, su administración no terminará el próximo 30 de septiembre del 2024, sino que, continuará por lo menos por 18 años más

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.