Notas principales

18 Abril, 2026

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El SNTE y la SEP inician negociaciones del Pliego Nacional de Demandas 2023

14 Mar 2023

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Asimismo, comentó a Ramírez Amaya que los trabajadores de la educación esperan una respuesta que “pueda resarcir la pérdida del poder adquisitivo”

Desde San Lázaro. Sanciones a corcholatas por actos anticipados de campaña. Por: Alejo Sánchez Cano

14 Mar 2023

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Lo legal, sería que ambos, Sheinbaum y Ebrard, renunciaran a sus cargos para alejarse del sospechosismo de aprovechar las bondades que dan sus cargos para disponer de los recursos públicos que tienen a su disposición

Como veo, doy. Ante cambio climático, amenazas sanitarias e inflación, ganaderos lanzan S.O.S. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

13 Mar 2023

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Los resultados prometidos de apoyar a la población con un mayor acceso a la proteína cárnica no se cumplió

Desde San Lázaro. Soberanía energética, otro cuento de la 4T. Por: Alejo Sánchez Cano

13 Mar 2023

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La producción va en franca decadencia y el deterioro de sus principales instalaciones como las refinerías, va en aumento al carecer del mantenimiento mayor

Desde San Lázaro. Lo que queda del Tianguis Turístico. Por: Alejo Sánchez Cano

10 Mar 2023

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Se ha impedido que la actividad turística esté en los niveles en donde debería estar México con las potencias mundiales en la materia, quienes presentan niveles superiores incluso, a los que se tenían antes de la pandemia por Covid-19

Inauguración de Ciudad Mujeres en La Paz representa una nueva etapa en la protección de los derechos de las mexiquenses: Alfredo Del Mazo

09 Mar 2023

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El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza inauguró la Ciudad Mujeres del municipio de La Paz, un espacio donde se brindará atención integral y especializada con perspectiva de género

La escuela pública, clave para lograr la igualdad sustantiva

09 Mar 2023

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La doctora Sheinbaum ofreció la conferencia “Los retos de la mujer en la política”, en la que participaron, de manera virtual y presencial, más de 135 mil agremiados

Desde San Lázaro. La verborrea contra el Poder Judicial y EU. Por: Alejo Sánchez Cano

09 Mar 2023

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No concibe el presidente que el respeto al orden constitucional impere por encima de su voluntad y por ello, un día y el otro también, agrede sin resquemor a la SCJN y en general al Poder Judicial

Desde San Lázaro. Del Mazo y MC entregan Edomex. Por: Alejo Sánchez Cano

08 Mar 2023

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La dimisión de Movimiento Ciudadano le abrió la puerta del Palacio de Gobierno, en Toluca, a la abanderada de Morena, PT y PVEM

Desde San Lázaro. Aires de libertad y autonomía en la SCJN. Por: Alejo Sánchez Cano

07 Mar 2023

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Recordó a los juzgadores que su desempeño independiente es el que recubre de fuerza y dignidad al Poder Judicial de la Federación

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.