Notas principales

19 Abril, 2026

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Notas principales

Como veo, doy. Fantasías de “Alito” en el 94 aniversario del PRI. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

06 Mar 2023

392 veces

Por lo pronto, Moreno Cárdenas no ha aclarado si acatará el resolutivo del INE, donde se ordena echar para atrás las modificaciones a los estatutos priístas

Desde San Lázaro. Ni a cuál irle, entre Delfina y Del Moral. Por: Alejo Sánchez Cano.

06 Mar 2023

403 veces

Así es señores, con el inicio de las campañas políticas el próximo primero de abril arrancarán las hostilidades en tierras mexiquenses y en ambos frentes tienen parque suficiente para pulverizar a los enemigos

Desde San Lázaro. No existe una conspiración; es la ineptitud, la farsa y la agresión. Por: Alejo Sánchez Cano

03 Mar 2023

469 veces

Como no tiene resultados que ofrecer, inventa a diario cortinas de humo para distraer la atención del respetable, pero en muchos casos, esos artificios provocan más daño que lo que intenta esconder

Exportan piedra cubana para construcción de Tren Maya

02 Mar 2023

398 veces

Este material se extrae de la cantera de Arriete, en el municipio de Palmira, en la provincia de Cienfuegos, en la isla caribeña

Desde San Lázaro. Derechos financieros para adultos mayores. Por: Alejo Sánchez Cano

02 Mar 2023

419 veces

De ahí, que sea loable que en la Cámara de Diputados haya avalado una reforma para garantizar derechos financieros de las personas adultas mayores

Desde San Lázaro. El SNTE abandera las demandas de la disidencia en la CDMX. Por: Alejo Sánchez Cano

01 Mar 2023

477 veces

En la asamblea se esbozó lo que es la intensa agenda magisterial para el siguiente trimestre hacia la negociación que deberá culminar el 15 de mayo

Desde San Lázaro. No pasa el Plan B, pero viene el C. Por: Alejo Sánchez Cano

28 Feb 2023

476 veces

Desde luego, en estos momentos está el dique a este anhelo antidemocrático, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, no dude estimado lector, que algo se le ocurrirá a esos “genios”

Más de 6 mil maestros de la Sección 9 en la CDMX refrendan su respaldo al SNTE

27 Feb 2023

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En un ambiente festivo, los asistentes expresaron su respaldo al proyecto democratizador y de certeza laboral, emprendido por el dirigente nacional del Sindicato

Como veo, doy. Felpe Calderón ¿a un paso del patíbulo? Por: Jorge Luis Galicia Palacios

27 Feb 2023

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Con sentencia de culpable concluyó el juicio al “Super policía” Genaro García Luna, falta ahora que las autoridades estadounidenses precisen en que consistirá la pena que el ex funcionario mexicano

Desde San Lázaro. Tiembla el régimen autoritario. Por: Alejo Sánchez Cano

27 Feb 2023

397 veces

Si el presidente no estuviera tan ofuscado y enojado, debería evitar la promulgación del Plan B para evitarse la pena de que la SCJN lo declare inconstitucional y con ello, evidenciar aún más el fracaso de la reforma electoral de López Obrador

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.