Notas principales

19 Abril, 2026

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Desde San Lázaro. PAN, MC y PRD; una alianza ganadora. Por: Alejo Sánchez Cano

14 Abr 2023

362 veces

MC de Dante Delgado ha sido mucho más congruente con mantenerse en el bloque opositor que el propio PRI de Alito, que cambia de bando como calzones de suripanta

Desde San Lázaro. Delfina en picada por yerros propios. Por: Alejo Sánchez Cano

13 Abr 2023

402 veces

Por ello no es de extrañarse que diversas figuras políticas y líderes de Morena, PVEM, MC pintaron su raya con Delfina, al anunciar que apoyarán a Alejandra del Moral

Desde San Lázaro. INAI por perdurar, INM por desaparecer. Por: Alejo Sánchez Cano

12 Abr 2023

382 veces

Se piensa en el gobierno de AMLO que con desparecer al INM se terminará con las sanciones penales que merecen los servidores públicos de alto nivel que incurrieron en responsabilidades graves

Desde San Lázaro. Decisiones erróneas de un solo hombre. Por: Alejo Sánchez Cano.

11 Abr 2023

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Los regímenes populistas de la región implantan el modelo de la pobreza en los países en donde gobiernan, porque en esas condiciones, la población es “más agradecida con el gobierno por los nimios apoyos que les proporcionan”

Como veo, doy. Energías limpias ¿Ahora sí en las políticas públicas? Por: Jorge Luis Galicia Palacios

10 Abr 2023

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Las fuentes de energía limpia provienen de elementos naturales y las más comúnmente utilizadas son la energía geotérmica, que utiliza el calor interno de nuestro planeta, la energía eólica, la energía hidroeléctrica y la energía solar

Desde San Lázaro. Desaparece la SECTUR. Por: Alejo Sánchez Cano.

10 Abr 2023

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Si acaso, hace caravana con sombrero ajeno, ya que se monta en los esfuerzos que hacen los privados y los estatales y alguno que otro municipio y párele de contar

Desde San Lázaro. AMLO impulsa a Córdova a la boleta presidencial (2). Por: Alejo Sánchez Cano

05 Abr 2023

412 veces

En momentos que los partidos políticos padecen el síndrome de la tortuga en cuanto a la definición de las reglas para elegir al hombre o mujer que los represente en la elección presidencial

En Edoméx se trabaja para fortalecer la infraestructura educativa y brindar mejores oportunidades de desarrollo para los alumnos mexiquenses: Alfredo Del Mazo

04 Abr 2023

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En este plantel de Ixtlahuaca estamos duplicando el tamaño, tenía aproximadamente 550 alumnos, ahora vamos a estar llegando a más de mil 100 alumnos, que van a estar tomando aquí sus clases, y seguir creciendo esta Universidad Mexiquense Bicentenario

Con elecciones transparentes, el SNTE está dando lecciones de civilidad y democracia

04 Abr 2023

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El secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, se congratuló por la amplia participación de los agremiados en este proceso, efectuado el pasado 28 de marzo

Desde San Lázaro. AMLO enfila a Córdova a la boleta presidencial. Por: Alejo Sánchez Cano

04 Abr 2023

392 veces

Hay que decirlo con todas las palabras, Córdova y Ciro Murayama se comportaron como unos verdaderos adalides de la autonomía e independencia del INE y en pleno auge del autoritarismo

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.