Notas principales

19 Abril, 2026

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Notas principales

Como veo, doy. Revocación de mandato llega a CDMX, sin difusión. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

03 Abr 2023

442 veces

Las autoridades electorales pusieron poco interés para dar a conocer a la ciudadanía los alcances de este mandato y a partir de cuándo podría aplicar

Desde San Lázaro. Prueba de fuego para el “nuevo” INE. Por: Alejo Sánchez Cano

03 Abr 2023

444 veces

Ante este escenario, es menester que la sociedad activa esté muy pendiente sobre los próximos acontecimientos que ocurrirán en el seno del Consejo General del INE

Desde San Lázaro. Delfina y Manolo Jiménez arrancan como punteros. Por: Alejo Sánchez Cano

31 Mar 2023

525 veces

A partir del primer minuto del 1 de abril arrancarán las campañas políticas en el Estado de México y Coahuila en la búsqueda de las gubernaturas de esas entidades

Desde San Lázaro. Fracasa injerencia del gober de Nayarit, en elecciones sindicales. Por: Alejo Sánchez Cano

30 Mar 2023

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Las secciones sindicales 20 y 49 del SNTE en Nayarit renovaron sus comités ejecutivos en el marco de un proceso en el que se desbordó en cuanto a la participación de los maestros

Desde San Lázaro. Gobierno totalitario y una oposición pusilánime. Por: Alejo Sánchez Cano

29 Mar 2023

432 veces

Es ahora o nunca cuando el bloque opositor en el Congreso debe desplegar todas sus capacidades para impedir el agandalle de Morena y rémoras en imponer a un cuarteto de incondicionales en el máximo órgano de dirección del INE

Desde San Lázaro. El destino de la democracia en manos de una tómbola. Por: Alejo Sánchez Cano

28 Mar 2023

400 veces

Veremos qué tan sólido está el bloque opositor en la Cámara de Diputados en la elaboración de la lista final de las cuatro nuevas consejeras del INE y de las cuales surgirá la nueva presidente del Instituto

La porcicultura mexicana en quiebra

27 Mar 2023

434 veces

Emitimos hoy una señal desesperada y alertamos a la opinión pública: La producción de cerdo en México está en real peligro de desaparecer junto con nuestra soberanía alimentaria

Asiste Alfredo Del Mazo al Primer Informe de labores del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”

27 Mar 2023

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Se han realizado 744 operaciones que han transportado a 2 mil 608 pasajeros de los sectores empresarial, deportivo y artístico, así como a los jefes de Estado de Estados Unidos, Chile, Ecuador, y el Primer Ministro de Canadá

Como veo, doy. CDMX se queda sin agua. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

27 Mar 2023

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Los próximos tres meses (marzo, abril mayo) la región centro del país va a vivir una sequía prolongada que se suma a la sequía de 2020, 2021 y 2022

Desde San Lázaro. La torpeza del gobernador de Nayarit afecta derechos laborales. Por: Alejo Sánchez Cano

27 Mar 2023

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El problema de los nayaritas es que Miguel Ángel Navarro Quintero no solo es torpe y autoritario, sino que tampoco cumple con la lealtad al presidente López Obrador

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.