Notas principales

19 Abril, 2026

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Notas principales

Desde San Lázaro. El Plan B nació muerto. Por: Alejo Sánchez Cano

24 Feb 2023

408 veces

Con la aprobación de estas leyes secundarias, el gobierno tendría acceso a las listas de electores, lo que vulnera nuestros datos personales y abre la posibilidad a que sean usados con fines distintos a los establecidos.

Entrega Alfredo Del Mazo 10 mil 800 basificaciones a docentes de nivel básico y medio superior del Edoméx

23 Feb 2023

432 veces

En la gira de trabajo que realizó en el municipio de Ecatepec, el mandatario mexiquense también entregó la nueva infraestructura de la Secundaria “David Alfaro Siqueiros”

Basificación permanente, principal acuerdo entre el SNTE y el Gobierno Federal

23 Feb 2023

398 veces

Detalló que en las mesas de trabajo entre el SNTE y la SEP se identifica a los trabajadores que cumplen con los requisitos legales para ser basificados y se comunica a cada entidad federativa

Desde San Lázaro. Perniciosas la prisión preventiva y el arraigo. Por: Alejo Sánchez Cano

23 Feb 2023

427 veces

El arraigo y la prisión preventiva oficiosa se han convertido en una gran contradicción en el sistema penal, porque en esencia son violatorias de derechos humanos

Desde San Lázaro. Alarmantes los resultados de la fiscalización 2021. Por: Alejo Sánchez Cano

22 Feb 2023

391 veces

De hecho, todas las secretarías presentan irregularidades como Agricultura que deberá comprobar 2 mil 354 millones; también Sedena, SEP, Marina, Semarnat, Sedatu, Sectur, Pemex, Cfe, entre otras

El SNTE logra importantes acuerdos con el Gobierno de Sinaloa

21 Feb 2023

376 veces

Durante una visita a Culiacán, el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, se reunió con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Coincidieron en que la educación es el motor del desarrollo social

Desde San Lázaro. Van por las reservas internacionales (2). Por: Alejo Sánchez Cano

21 Feb 2023

447 veces

Parece un concurso de ocurrencias y tonterías entre el bloque oficialista en el Congreso, para que, al final, ver quien queda en primer lugar como el más inepto e ignorante

Presenta Alfredo Del Mazo las cinco obras viales construidas por el Edoméx para facilitar traslados al AIFA

20 Feb 2023

438 veces

El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza presentó los cinco proyectos viales que el Gobierno del Estado de México, en coordinación con el Gobierno federal, ha desarrollado para agilizar la conectividad del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”

Como veo, doy. Revocación de mandato en la CDMX se politiza. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

20 Feb 2023

460 veces

La revocación de mandato, figura de reciente creación en el andamiaje legal de la Ciudad de México, ya empieza a asomar sus efectos entre los alcaldes electos de la capital de la república

Desde San Lázaro. Por la buena, no habrá alternancia política en el 2024. Por: Alejo Sánchez Cano

20 Feb 2023

458 veces

Todo es posible cuando está en juego el poder y cuando el principal jugador no quiere entregarlo a la oposición, en caso de que pierda su candidato en los comicios presidenciales

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.